Aprovecharse del estado de necesidad merece la agravación de los delitos
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de prisión y multas a un empresario por atentar contra los derechos de los trabajadores y estafa agravada.
Las víctimas son transportistas en situación de desempleo y con problemas económicos, algunos de una edad que dificulta su acceso a un puesto de trabajo y paro de larga duración. En el momento en el que acaecieron los hechos, los estafados se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, en plena crisis económica ocasionada por la pandemia, de fuerte incidencia en el sector del transporte.
Los hechos se resumen en que el condenado simuló haber creado una cooperativa de transporte ofertando trabajo a transportistas, que previamente debía realizar un desembolso económico para obtenerlo. Todo ello con el objeto de conseguir un enriquecimiento patrimonial ilícito.
Supone sin duda una vulneración de las condiciones mínimas de vida profesional de los trabajadores y una agravación de la estafa que afecta a un bien de primera necesidad como es el trabajo.
En concreto se le condena a 18 meses de prisión y 2000 euros de multa por el primero de los delitos y 5 años de prisión y 3600 euros de multa por el segundo, además de asumir la responsabilidad civil frete a cada una de las víctimas, por cantidades que van desde los 180 euros hasta los 20000.
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