La responsabilidad social corporativa se ha sustituido por la sostenibilidad con incidencia en la información
La sostenibilidad es un requerimiento generalizado en el ámbito de las sociedades públicas (cotizadas). Así el Principio núm. 24 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (CBGSC) español, señala que la sociedad debe promover una política adecuada de sostenibilidad en materias ambientales y sociales, como función indelegable del consejo de administración, ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados.
Una manifestación es la información a los inversores para que dispongan de información suficiente para determinar libremente sus decisiones de inversión. Es necesario asegurar un flujo obligatorio de información y también la estandarización de esa misma información para hacerla comparable.
La normativa hace recaer ambos deberes en quien a un menor coste puede generarla y difundirla (reduciendo por ello los costes de transacción). Este enfoque sitúa en los accionistas e inversores la libre decisión sobre la sostenibilidad como su preferencia manifestada mediante la inversión.
En la Unión Europea, esta materia aparece regulada en las siguientes normas:
• Directiva 2022/2464, sobre Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD, en sus siglas en inglés).
• Rgto 2022/1214 por el que se modifica normativa reguladora de las actividades económicas en determinados sectores energéticos y la divulgación pública de información específica sobre esas actividades económicas.
Los nuevos requisitos de información sobre sostenibilidad de la UE se aplican a todas las grandes empresas, coticen o no en los mercados de valores, y a las pymes cotizadas. Serán de obligado cumplimiento en diversas fases entre 2024 y 2027, como ha establecido la primera de las Directivas fijadas.
En España rige la Ley 11/2018 relativa al estado de información no financiera, ahora pendiente de adaptación a dicha Directiva.
Esta Ley hizo obligatorio para las sociedades cotizadas y otras grandes empresas la emisión de un informe en el que se proporcionase información sobre cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad.
A la vez, su anuncio resulta esencial para la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente, como dice la Ley en su preámbulo.
Ese estado de información no financiera, cuya responsabilidad de aprobación recae en el consejo de administración, debe incluir una descripción de las políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y se debe incorporar al informe de gestión de la empresa obligada o, en su caso, en un informe separado.
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